EL HIDALGO Y LA RELIQUIA (1626)

En agosto de 1626, don Fernando de Biedma solicitó al Cabildo municipal de Jaén "se sirva de honrarme mandándome poner en las listas de los hijosdalgo sin dar lugar a gastos". Don Fernando decía ser, y creo que con razón, de linaje noble pero, probablemente, carecía de pruebas documentales que acreditasen este hecho. Esto suponía que, aunque en la opinión general fuese conceptuado como hidalgo, en determinadas circunstancias, podía ser obligado a satisfacer enojosas cargas y obligaciones propias de los pecheros o no ser admitido en el ejercicio de oficios reservados a los hidalgos. Estas comprometidas situaciones eran frecuentes y muchos hidalgos, o vecinos que se tenían como tales, para evitar males mayores tenían que iniciar un pleito para demostrar su origen. Un asunto, a fin de cuentas, difícil, ingrato y costoso que, además, dejaba una sombra de sospecha sobre el litigante y todo su linaje. Don Fernando, con razón, pensó que más fácil era que el Concejo lo incluyese, por las buenas, en el correspondiente padrón de hidalgos que en aquellos años, por lo demás, no estaba actualizado ni en orden. Entre los regidores, además, nunca faltaban Biedmas que confirmarían la ascendencia de don Fernando. Para reforzar su posición, el peticionario no dudó en recordar al Cabildo que su incorporación formal a tan nobiliaria nómina "ayudará grandemente la gloriosa memoria del señor Obispo don Nycolás de Biedma que trajo la Santa Verónica de Jaén y dexó casa y solar". Era algo -pensaba- que Jaén le debía al prelado y, por extensión, a sus descendientes. Se remontaba al último cuarto del siglo XIV. No debe extrañarnos pues los de esos tiempos hablaban de cosas de hacía doscientos años como si hubiesen pasado ayer. Esto es algo que sigue ocurriendo en los aficionados a genealogías y a frecuentar archivos. De esto también doy fe. Los caballeros veinticuatro le comunicaron solicitante que consultarían con los letrados y que después decidirían.

ALAMEDA DE CAPUCHINOS (1707)

La Alameda de Capuchinos era un lugar de paseo y esparcimiento, un espacio ameno y despejado en la entonces muy poblada ciudad de Jaén. Allí se ubicaba, y allí sigue, el convento de las Bernardas, erigido por el obispo de Troya don Melchor de Soria y Vera, varón de grandes méritos y de muy influyente familia durante el XVII giennense. Si bien el Concejo, a lo largo de los años, mostró su preocupación por conservar el arbolado de este paraje y embellecerlo en lo posible, sus esfuerzos fueron insuficientes o baldíos. A inicios del XVIII el estado de este parque en ciernes era, al parecer, deplorable. En agosto de 1707 el Cabildo municipal de Jaén reconocía que la Alameda "se allava casi perdida de arboles y demas generos que se havian puesto en ella para adorno y recreazion de sus vezinos". Decidió entonces nombrar a un guarda cuya obligación sería: "plantar los árboles que necesitare dicha alameda, para llenar los claros y de los que pusiere tenerlos cercados de forma que no se lo coman los ganados".

INMUNDICIAS Y CARROÑAS (1795)

Durante el verano de 1795 los caballeros veinticuatro trataron, al menos en dos ocasiones, el grave problema que suponían las inmundicias y los animales muertos que se amontonaban en un callejón de la ciudad. Las numerosas casas arruinadas en los barrios más altos y en los arrabales servían como vertederos para el vecindario. El olor a podredumbre, las ratas y el temor a las infecciones marcaban el tono de la estación. Nada se hizo o se pudo hacer al respecto, o fueron ineficaces las medidas, pues en octubre del mismo año se denunciaba ante el Ayuntamiento la presencia de piaras de cerdos que campaban por sus respetos por la vía pública. No describiremos los detritus y miserias de otra naturaleza. Por la Navidad, se volvía a insistir en las basuras que se acumulaban en determinados puntos de la ciudad. Era un achaque antiguo pues he podido constatar quejas similares en distintos momentos del siglo XVII. Es cierto que la mentalidad ilustrada hizo mucho para que tanto las ciudades como las personas fuesen más pulcras pero no era cosa fácil cambiar ciertos hábitos.

MESONEROS Y SOLDADOS (1703)

Los alojamientos de compañías representaban un insufrible engorro para los concejos. Los soldados no eran bienvenidos, no sólo por el gasto que suponían en cosas de comer, beber y arder, sino también por los ruidos, altercados y pendencias, inevitablemente aparejados a tanta gente moza, despreocupada y desenvuelta. Si la estancia se prolongaba más de la cuenta, los regidores se las tenían que ver con una papeleta de dificultosa resolución. El pueblo llano era el que más padecía las consecuencias de los alojamientos ya que la nobleza y los clérigos estaban exentos de estas cargas. A pesar de todo, en Jaén, al menos desde el siglo XVII, el Cabildo municipal optó por relevar a los vecinos de esta obligación, no sólo por evitarles molestias sino para no dar lugar a motines y violencias. De esta manera, el Concejo alquilaba una o más casas para alojar a las compañías o recurría a los mesoneros para que acomodasen, mal que bien, a oficiales y tropa. En febrero de 1703, ya iniciada la Guerra de Sucesión, se reclutaba una compañía en Jaén, y se optó por alojar la bandera en los mesones de la ciudad. Los mesoneros No podían estar conformes con esta costumbre pues -como bien dijeron Manuel de Córdoba y Antonio de la Cruz en nombre de éstos- "se les seguía gran perjuizio a sí, a los susodichos como a los huéspedes forasteros". Naturalmente nadie, a inicios del siglo XVIII y en su sano juicio, se hospedaba en un mesón repleto de soldados. Hágase cargo el lector del panorama y de las malas noches que se tenían que padecer en tales circunstancias. Los mesoneros propusieron, entonces, alquilar una casa y pagar a escote su arrendamiento, a lo que el Concejo no opuso objeción alguna.

ESPADAS EN BAILÉN (1676-1685)

La posesión de armas en la sociedad española del siglo XVII estaba muy extendida. Varias razones motivaban este hecho. En primer lugar la difusión y aceptación de ciertos valores que asociaban la costumbre de portar espada con la condición hidalga, al margen del origen estamental de cada uno. Asimismo debemos tener en cuenta la inseguridad existente en calles y despoblados. La regulación de la posesión de armas era poco precisa, dispersa y tolerante. La ausencia de una fuerza policial organizada y efectiva completaba estas carencias inevitables y muy propias del Antiguo Régimen. Citaré, como ejemplo,  algunos datos del reinado de Carlos II, obtenidos de distintos escribanos de Bailén, en el Reino de Jaén. Proceden de inventarios y escrituras de capital.

Comenzaré por Alonso de Aguilar Recena que tenía, en 1676, un aderezo de espada y daga. Martín Cobo Durillo, en el mismo año, era poseedor de "una espada y un tahalí".  En 1677, Francisco Gámez Soriano declaró ser propietario de una espada y daga. Los honrados artesanos, como el odrero Bernabé Quesada, ceñían espada en 1682. En ese año, Juan Bernardo de la Fuente contaba con una espada y, además, con un coleto, prenda muy útil como protección, propia de soldados, cazadores y lidiadores; por su parte, Andrés de Aguilar inventarió "un adereço de espada y daga". En 1683, Melchor de Aguilar contaba entre sus bienes con otro equipo similar. Son dignos de mencionarse "un puñal de la zinta con un cuchillo pequeño", una espada y un sombrero, de Cristóbal de Godoy, según escritura de 1683. En ese año registró su espada Melchor de Muela. En 1684, Francisco de Aguilar decía tener una escopeta y una espada. Un caso especial es el de Francisco de Rus, también de 1684, que, quizás debido a su condición de alcalde ordinario, estaba muy bien pertrechado con una daga, una escopeta, un arcabuz y un mosquete. Sierra Morena estaba muy cerca y, en aquel tiempo, no era lugar para bromas.

Las espadas que he citado estaban valoradas entre los 19 y los 30 reales. Desconozco su calidad y procedencia. Quizás no eran las más adecuadas para la guerra o para espadachines reputados. Tampoco eran baratas si se tiene en cuenta el coste de un jornal de la época. El mosquete del alcalde ordinario, antes citado, valía 88 reales. Como tendremos ocasión de demostrar, estas armas no se llevaban de adorno.

NIEVE EN VERANO (1730)

La nieve era abasto obligado y de primera necesidad. La afición a enfriar las bebidas era muy del gusto de los españoles. Este hábito originaba apasionadas controversias médicas. El Concejo de Jaén mostraba un indiscutible desvelo para que la nieve no faltase en alhóndigas, casas particulares y botillerías, por lo que controlaba su precio y comercialización. Se consideraba una mercancía de primera necesidad y de universal consumo. El 24 de julio de 1730, el Cabildo municipal consideró la oferta de Francisco Muñoz, vecino de Jaén, que se comprometía a suministrar nieve a los vecinos entre inicios de mayo y el cuatro de octubre. El precio sería de cuatro maravedíes por libra hasta finales de julio y de seis desde esa fecha al final de la temporada, ya entrado el otoño. El aumento de precio venía motivado por la disminución de las reservas de nieve a medida que arreciaban los colares. Muñoz tenía la fineza de rebajar el precio de la nieve al estado eclesiástico de seis a cinco maravedíes. Bueno, no era sólo fineza sino también obligación, dadas las franquicias y exenciones del clero. Al Cabildo, con todo, le parecían altos los precios y no se decidía por autorizar dicho asiento. La nieve era transportada a lomos de caballerías desde los pozos y neverales que había en Sierra Mágina y otras alturas giennenses.

DESACATO (1623)

La política municipal era fuente de muchos conflictos y tensiones. No había partidos políticos, faltaba mucho para su existencia, pero sí había bandos y facciones. La relación de los caballeros veinticuatro con los corregidores no era siempre buena. Fue, en particular, muy mala con don Hernando de Acuña Enriquez, un corregidor de cuidado. Una muestra de tales desencuentros es la que refiero a continuación. En junio de 1623 el veinticuatro don Cristóbal de Berrio y Salazar estaba encausado por romper, ante el escribano Antonio Navarro, un mandamiento del corregidor de Jaen. Éste, naturalmente,  procedió contra don Cristóbal y, además, contra don Lorenzo Lopez de Mendoza, también veinticuatro y hábito de Calatrava "y otros consortes". Negaba don Lorenzo su relación con el incidente descrito. Llegó el asunto hasta la Real Chancillería de Granada. Entre las posibles causas del suceso puede estar la resistencia del Cabildo municipal a autorizar las nuevas concesiones del servicio de millones, postura compartida por otros cabildos municipales andaluces con voto en Cortes.